Adalah presenta una petición ante el Tribunal Supremo israelí en nombre del municipio de Hebrón y de los residentes desplazados: Que se detengan los desalojos forzosos, las demoliciones y las restricciones de movimiento en la ciudad.
El jueves 29 de octubre de 2026, Adalah presentó una petición ante el Tribunal Supremo israelí en nombre del municipio de Hebrón y de siete residentes de los barrios de Ein Deir Baha y al-Jaldeh de la ciudad, exigiendo el fin del desplazamiento forzoso de los residentes de sus hogares, la demolición de estructuras civiles y las severas restricciones de movimiento que el ejército israelí ha impuesto en la ciudad, sus residentes y las vías de acceso.
Adalah solicitó al tribunal una orden judicial provisional que impidiera a los militares llevar a cabo estas acciones. Asimismo, exigió el paso regular y seguro de equipos médicos, vehículos de emergencia, trabajadores municipales y vehículos que prestan servicios esenciales, incluida la recolección de residuos.
El ejército israelí lanzó esta operación el 23 de octubre de 2026, tras un ataque armado perpetrado por un residente que dejó dos soldados muertos. Según los testimonios recabados por los denunciantes, los soldados ordenaron a cientos de familias abandonar sus hogares a altas horas de la noche, con escaso aviso, y les prohibieron regresar hasta nuevo aviso. Las tropas demolieron edificios civiles y confiscaron viviendas, convirtiendo algunas en puestos militares. Las cifras del municipio de Hebrón muestran que, en cuestión de días, el número de familias afectadas aumentó de 488 (3171 personas) a 780 (4969 personas).
Los peticionarios recalcaron que las restricciones también perjudican a los residentes que permanecen en sus hogares: bloquean o dificultan el acceso a la atención médica y a los servicios de emergencia, e interrumpen los servicios municipales. Citando datos municipales, la petición señala que el cierre de carreteras ha provocado la acumulación de unas 1200 toneladas de residuos en la ciudad, lo que constituye un grave riesgo para la salud pública.
Los peticionarios argumentan que la conducta de las fuerzas armadas y el desplazamiento masivo violan el derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de traslados forzosos de personas protegidas, establecida en el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. La ley permite la evacuación temporal únicamente en circunstancias excepcionales y limitadas, cuando la seguridad de la población o razones militares imperativas así lo exijan. Los peticionarios sostienen que las fuerzas armadas no han ofrecido ninguna justificación concreta para el desplazamiento forzoso a esta escala, y que la prohibición indefinida de retorno, sumada a los daños a las viviendas, sitúa el desplazamiento muy por encima de las excepciones limitadas permitidas por la ley.
Los peticionarios argumentan además que la destrucción de propiedad civil y la confiscación de viviendas violan el Reglamento de La Haya y el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíben la destrucción de propiedad a menos que las operaciones militares lo hagan absolutamente necesario. En conjunto, y a la luz de los llamamientos de altos funcionarios israelíes a «cobrar un precio» por el ataque a tiros, estas medidas equivalen a un castigo colectivo, prohibido por el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra. Al aislar barrios residenciales y restringir la circulación indefinidamente, el ejército también viola la libertad de movimiento de los residentes y su acceso a servicios esenciales. Adalah argumentó que estas medidas incumplen las obligaciones de Israel como potencia ocupante, incluido su deber de proteger a la población civil y garantizar que la vida civil continúe con la mayor normalidad posible.
Referencia del caso: HCJ 83781-10-26 Municipio de Hebrón contra Ministro de Defensa
Lee la petición